El 2 de septiembre, las autoridades mexicanas arrestaron al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna por su presunta participación en una red de contrabando de combustibles. La detención de este alto oficial naval, sobrino político del almirante Rafael Ojeda —secretario de Marina durante el gobierno de López Obrador—, puso en evidencia un fenómeno que va mucho más allá de la corrupción individual: el llamado "huachicol fiscal".
Mexconomy — Las cifras hablan por sí solas. En una serie de operativos que comenzaron en marzo, las autoridades han decomisado más de 37 millones de litros de hidrocarburos de contrabando. El 29 de marzo se aseguraron 10 millones de litros en Altamira, procedentes de un buque cisterna de Texas que transportaba lo que la empresa importadora describió como "aditivo para aceite lubricante". Para junio y julio, los operativos se extendieron a Coahuila, donde se incautaron 15.4 millones de litros adicionales y 129 ferrotanques.
El secretario de Seguridad Omar García Harfuch informó que la red desarticulada incluía tres empresarios, cinco marinos en activo, uno en retiro y cinco exfuncionarios de aduanas. Sin embargo, detrás de estos arrestos se esconde una realidad económica que el propio gobierno mexicano ha contribuido a crear.
La Ecuación Perversa de los Precios
El problema del huachicol fiscal no nace de la delincuencia organizada tradicional, sino de una distorsión de mercado creada por las propias políticas gubernamentales y que desde el Estado han usado como herramienta de enriquecimiento ilícito, fraude fiscal y corrupción institucional. Mientras que en Texas el galón de gasolina regular se cotiza a 2.751 dólares —equivalente a 13.60 pesos por litro—, en México el control de precios ha establecido un máximo de 24 pesos por litro para la Magna.
Esta diferencia del 76% representa una oportunidad de ganancia extraordinaria. Con cada litro contrabandeado, los traficantes pueden obtener una utilidad bruta de más de 10 pesos por litro, antes de considerar costos operativos y sobornos. En una operación de 10 millones de litros, las ganancias potenciales superan los 100 millones de pesos.
La ironía es evidente: mientras el gobierno de López Obrador gastó 397,300 millones de pesos en subsidios a la gasolina durante 2022 —presumiendo ante el entonces presidente estadounidense Joe Biden que la gasolina era más barata en México que en Estados Unidos—, simultáneamente creaba las condiciones perfectas para el contrabando con precios mexicanos artificialmente elevados.
"El diferencial de precios genera contrabando". "Es una ley económica tan inevitable como la gravedad. Mientras exista esa brecha artificial, habrá fuerzas poderosas tratando de explotarla".
Las Rentas de la Corrupción
Los montos involucrados en el huachicol fiscal transforman la corrupción de excepción en regla económica. Un marino de alto rango como Farías Laguna, con un salario mensual que no supera los 50,000 pesos, se enfrenta a tentaciones de millones de pesos por facilitar el paso de una sola carga.
El caso del general José de Jesús Gutiérrez Rebollo —arrestado en 1997 por vínculos con Amado Carrillo Fuentes— demostró hace décadas que las fuerzas armadas no son inmunes a la corrupción cuando los incentivos económicos alcanzan magnitudes extraordinarias. El huachicol fiscal replica esta dinámica con una diferencia crucial: el Estado mexicano es, involuntariamente, el principal creador de los incentivos.
La sofisticación de las operaciones desmanteladas revela una industria paralela de gran escala. Los 129 ferrotanques decomisados en Coahuila, los buques cisterna procedentes de Texas, y las redes que involucran desde empresarios hasta funcionarios de aduanas, evidencian una logística compleja que requiere coordinación entre múltiples actores y niveles de gobierno.
Cada eslabón de esta cadena —desde el capitán de puerto que autoriza el desembarque hasta el inspector de aduanas que clasifica erróneamente la mercancía— enfrenta incentivos económicos que hacen de la corrupción no una aberración moral, sino una decisión racionalmente lucrativa.
Las autoridades han respondido con firmeza. Sin embargo, mientras persista la distorsión fundamental de precios, el Estado seguirá destinando recursos masivos a combatir un problema que él mismo alimenta.
El huachicol fiscal no es, en última instancia, un problema de seguridad pública que requiera más operativos o arrestos. Es un problema de economía política que demuestra cómo las buenas intenciones gubernamentales —controlar precios para “proteger a los consumidores”— pueden generar consecuencias perversas que terminan debilitando las propias instituciones del Estado.
Mientras el diferencial de más de 10 pesos por litro entre el precio mexicano y el estadounidense persista, el huachicol fiscal continuará siendo una industria altamente rentable que corrompe instituciones y desvía recursos hacia actividades improductivas. La verdadera solución no está en las cárceles, sino en las oficinas donde se diseñan las políticas de precios.
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