La presentación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 llegará este día cargada de una paradoja que define la gestión económica mexicana: cómo sostener la narrativa de estabilidad fiscal cuando los números dicen lo contrario.

Mexconomy — El secretario de Hacienda, Édgar Amador, enfrentará el desafío más complejo de su gestión: convencer a mercados escépticos y analistas experimentados de que existe una ruta creíble hacia la consolidación fiscal sin tocar la estructura tributaria.

Los datos son implacables. México creció apenas 0.4% en el primer semestre de 2025, una cifra que pulveriza las proyecciones oficiales que estimaban un rango de crecimiento anual entre 1.5% y 2.3%. Para alcanzar siquiera el 1.9% proyectado, la economía tendría que acelerar milagrosamente a 2.5% en los próximos seis meses, algo que los analistas consideran una quimera en el contexto de desaceleración global y debilitamiento del consumo interno.

Banamex ya advirtió que las cifras oficiales deberían ajustarse a un rango más modesto de 0.8% a 1.5%, proyección que aún luce optimista frente al consenso analítico que apenas alcanza 0.4% y las estimaciones del Banco de México de 0.6%. Esta brecha entre expectativas oficiales y realidad económica no es un detalle técnico menor: es el fundamento sobre el cual se construye toda la arquitectura presupuestaria.

La sobrestimación sistemática del crecimiento ha sido el talón de Aquiles de las finanzas públicas mexicanas en años recientes. Cuando el gasto público crece más rápido que los ingresos, como ha ocurrido consistentemente, el deterioro fiscal se convierte en una bomba de tiempo que explota en cada ejercicio presupuestario. La matemática es despiadada: sin ingresos adicionales o recortes significativos, la consolidación fiscal se vuelve una promesa vacía.

Supuestos Optimistas

El paquete económico que presentará Hacienda incluye proyecciones que reflejan más deseos que análisis riguroso. La plataforma petrolera, por ejemplo, se estima en 1.8 millones de barriles diarios, superando las previsiones previas de 1.7 millones sin evidencia clara de nuevos yacimientos o inversiones que justifiquen este incremento. En un sector donde cada pronóstico fallido se traduce en miles de millones de pesos menos en la recaudación, el optimismo puede ser costoso.

El tipo de cambio oficial proyectado en 19 a 19.50 pesos por dólar para los cierres de 2025 y 2026 contrasta con las estimaciones de mercado que oscilan entre 19.30 y 20 pesos. Esta diferencia aparentemente menor puede representar decenas de miles de millones de pesos en ingresos fiscales, especialmente en un entorno donde las presiones inflacionarias globales y la incertidumbre geopolítica mantienen a los mercados en vilo.

Las tasas de interés, proyectadas en 7.25% para el cierre de 2025 y 6.75% para 2026, parecen estar en línea con las expectativas del mercado, pero incluso aquí persiste el riesgo de que eventos externos obliguen al Banco de México a mantener una política monetaria más restrictiva por más tiempo.

Estos supuestos no son números abstractos en una hoja de cálculo. Son los cimientos sobre los cuales se construyen las proyecciones de ingresos fiscales, se planifican programas sociales y se comprometen recursos públicos. Cuando fallan, como ha ocurrido repetidamente, el ajuste recae inevitablemente sobre el gasto o sobre el endeudamiento, creando un círculo vicioso que compromete la estabilidad macroeconómica a mediano plazo.

Impuestos Invisibles

La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido categórica: no habrá aumentos de impuestos. Sin embargo, el paquete fiscal incluye aparentemente un incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las bebidas azucaradas, una medida que expone las contradicciones de la política fiscal mexicana.

Este gravamen, presentado bajo el manto de la salud pública, es en realidad un impuesto regresivo que golpea principalmente a los hogares de menores ingresos. La evidencia internacional y la experiencia mexicana desde la implementación del impuesto en 2014 demuestran que su impacto en la reducción del consumo y mejora de la salud pública ha sido marginal. Los hábitos alimentarios se modifican a través de educación, acceso a alternativas saludables y políticas integrales, no mediante gravámenes que empobrecen relativamente más a quienes menos tienen.

La propuesta revela la desesperación fiscal disfrazada de política sanitaria. En lugar de abordar las causas estructurales del déficit fiscal, se recurre a impuestos menores que generan ingresos limitados pero mantienen intacta la narrativa de "no aumento de impuestos". Es una estrategia que subestima la inteligencia de mercados y ciudadanos.

El verdadero problema no reside en los impuestos a las bebidas azucaradas, sino en la ausencia de una estrategia fiscal integral. México necesita una discusión seria sobre la eficiencia del gasto público, la eliminación de subsidios regresivos, el combate a la evasión fiscal y, eventualmente, una reforma tributaria que amplíe la base gravable sin castigar desproporcionalmente a los sectores más vulnerables.

El Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 será recordado no por las cifras que contiene, sino por las que omite. La diferencia entre lo que el gobierno dice que hará y lo que realmente puede hacer con los recursos disponibles se ha vuelto un abismo que ninguna narrativa optimista puede llenar. México sigue navegando a ciegas en aguas fiscales cada vez más turbulentas.

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