El Paquete Económico 2026 plantea más gasto social y estabilidad macroeconómica, pero su verdadero alcance dependerá de que el Congreso lo analice con rigor y evite que se convierta en un ejercicio de complacencia política.
La entrega del Paquete Económico 2026 llega en un momento en que México enfrenta presiones internas y externas: desaceleración global, riesgos inflacionarios y la urgencia de sostener programas sociales sin comprometer la estabilidad fiscal. El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, presentó el documento como una hoja de ruta para construir “un México más fuerte, competitivo y justo”, con el compromiso de destinar 3% del PIB a programas sociales que alcanzarían al 82% de las familias. Sin embargo, detrás de los anuncios queda pendiente la pregunta sobre la sostenibilidad de estas metas.
Los ingresos tributarios, según Hacienda, serán la columna vertebral gracias al combate a la evasión y la digitalización fiscal. Pero el reto es mayor: un esquema tributario que dependa más de la eficiencia recaudatoria que de una reforma fiscal estructural puede ser insuficiente frente a un gasto social creciente y al compromiso de mantener la estabilidad macroeconómica. Ahí radica el dilema: ¿hasta dónde el optimismo oficial es viable sin ajustes profundos?
El Congreso tiene ahora la responsabilidad de someter a escrutinio las proyecciones y prioridades. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que los 500 diputados revisarán con cuidado la asignación de recursos a los poderes y órganos autónomos, con plazo hasta el 20 de octubre. No obstante, el riesgo es que el análisis se limite a la defensa de cuotas partidistas y no a un debate serio sobre la eficacia del gasto y la solidez de los ingresos.
La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, enfatizó que el Paquete es uno de los instrumentos más poderosos de la política pública, pues define cómo se recauda y cómo se gasta. Su advertencia es pertinente: sin un análisis riguroso y plural, las promesas de prosperidad pueden quedar atrapadas en discursos, mientras las desigualdades persisten y la capacidad del Estado para responder a los retos fiscales se erosiona.
La coyuntura de 2026 coloca al Legislativo frente a una disyuntiva: asumir con seriedad su función de contrapeso para garantizar que el Paquete Económico no sea un mero trámite, o resignarse a validar un plan de gobierno que, aunque ambicioso en papel, podría no estar blindado frente a los riesgos reales que atraviesa la economía nacional.
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