El suicidio del capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira y mencionado en la investigación del huachicol fiscal, profundiza la crisis dentro de la Secretaría de Marina en medio del mayor caso de corrupción en la historia de México.
Altamira, Tamaulipas. — La mañana del lunes 8 de septiembre la investigación sobre el contrabando de combustibles conocido como huachicol fiscal registró una muerte más. A las 9:30 horas, personal del C-5 reportó el hallazgo de un cuerpo dentro de una camioneta institucional en el recinto portuario de Altamira. Minutos más tarde, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que se trataba del capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Protección Portuaria.
De acuerdo con los primeros reportes, el oficial se disparó dentro del vehículo, sin que mediara un aviso previo. Su nombre había surgido recientemente en la carpeta de investigación sobre las operaciones ilícitas en la aduana de Tampico. El exdirector de esa oficina lo había señalado como receptor de un soborno de 100 mil pesos, aunque no existía ninguna orden de aprehensión en su contra.
La Secretaría de Marina emitió un comunicado lamentando el fallecimiento y expresó su solidaridad con la familia. “La institución extiende su más sentido pésame y se brindarán los apoyos correspondientes”, difundió en redes sociales. Sin embargo, al interior de la institución la noticia ha generado conmoción y preocupación por el efecto dominó que la investigación podría detonar en otros mandos.
El deceso ocurre un día después de que la FGR confirmara la detención de 14 personas —entre ellas marinos y agentes aduanales— presuntamente vinculadas a la red de contrabando de combustible conocida como Los Primos. Según las pesquisas, esta organización habría distribuido más de 24.5 millones de pesos en sobornos para permitir el ingreso ilegal de combustibles en los puertos de Altamira y Tampico. El capitán Pérez Ramírez estaba señalado en las declaraciones de un testigo protegido que ya colabora con la fiscalía.
El caso de Altamira muestra la profundidad del esquema de corrupción que ha permitido el ingreso de combustible con pedimentos falsos y su distribución en el mercado nacional. La figura del capitán Pérez Ramírez se suma a una lista creciente de funcionarios vinculados con la trama, que abarca desde mandos intermedios hasta altos responsables de las aduanas federales y de la Marina.
Mientras la FGR continúa con la investigación y refuerza su presencia en el puerto, en Altamira se implementaron medidas adicionales de seguridad. La muerte del capitán no cierra el caso: lo coloca en un nivel de mayor tensión, con la expectativa de que nuevos nombres y responsabilidades emerjan en los próximos días.
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