La Fiscalía General de la República giró una orden de captura contra Ernesto Ruffo Appel, primer gobernador de oposición en México, acusado de participar en una red de contrabando de combustibles que habría evadido impuestos millonarios mediante fraudes aduanales.
CDMX — La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), confirmó la emisión de más de 200 órdenes de aprehensión contra empresarios, militares y funcionarios públicos vinculados al contrabando de combustibles. Entre los señalados destaca Ernesto Ruffo Appel, exgobernador panista de Baja California (1989-1995), quien enfrenta acusaciones por su presunta participación en el esquema conocido como huachicol fiscal.
De acuerdo con la investigación, Ruffo es socio mayoritario de la empresa Ingemar S.A. de C.V., constituida en 2018 como inmobiliaria y que, tras modificar su objeto social en 2019, se insertó en el sector energético. En 2023 obtuvo un permiso federal para importar hasta 500 millones de litros de gasolina y diésel, pese a no contar con infraestructura propia. Los registros señalan que la firma estaría vinculada al decomiso de 15 millones de litros de combustible ilegal en Coahuila, el pasado 7 de julio.
Informes de inteligencia apuntan que Ingemar operaba con bitácoras alteradas y documentos subdeclarados para introducir hidrocarburos al país, evadiendo impuestos y generando pérdidas millonarias al erario. Este mecanismo encaja con el patrón del huachicol fiscal, que no depende del robo en ductos, sino de operaciones fraudulentas en aduanas como Ciudad Juárez, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico y Ensenada.
En respuesta, el propio Ruffo Appel recurrió a sus redes sociales para declararse inocente. “Mi conciencia está absolutamente tranquila”, dijo en un video, asegurando que Ingemar cuenta con los permisos correspondientes y que la comercialización estaba a cargo de la empresa Crismón, autorizada por la Comisión Reguladora de Energía. Añadió que se encuentra a disposición de las autoridades y se deslindó de cualquier responsabilidad penal.
El operativo, ejecutado con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, representa uno de los mayores esfuerzos federales para desarticular el contrabando de hidrocarburos en México. La FGR anticipa que en los próximos días se librarán más órdenes de captura, incluyendo contra personas morales, lo que confirma la dimensión histórica del caso.
La inclusión de Ernesto Ruffo Appel en la lista de investigados marca un hito político: el exgobernador que en 1989 simbolizó la transición hacia gobiernos opositores enfrenta ahora señalamientos como parte de un esquema de corrupción que sacude al sector energético y a las instituciones encargadas de vigilar las fronteras.
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