Un estruendo sacudió a la Camara de Diputados este viernes tras la demanda de juicio político presentada contra Hilda Araceli Brown Figueredo, legisladora federal de Morena señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con "La Mayiza", una facción del poderoso Cártel de Sinaloa.
CDMX — La denuncia formal, interpuesta por el diputado de Movimiento Ciudadano Juan Zavala ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados, representa el primer caso en décadas donde un legislador federal mexicano enfrenta un proceso de esta magnitud por supuestos nexos con el crimen organizado. El documento, de 47 páginas, acusa a la ex alcaldesa de Playas de Rosarito, Baja California, de haber "favorecido y operado para el cártel de Los Mayitos" durante su gestión municipal.
"El fuero no puede ser pretexto para que no se investigue a quienes traicionaron la confianza de la gente. Se necesita conocer la verdad sin impunidad", declaró Zavala en su cuenta de X, en un mensaje que rápidamente se viralizó y dividió opiniones en el espectro político nacional.
El caso Brown ha puesto en jaque al oficialismo y exhibe de nueva cuenta las fisuras que atraviesan al sistema político mexicano. Las sanciones estadounidenses, aplicadas el pasado jueves, congelaron las cuentas de la legisladora en territorio estadounidense y la incluyeron en una red de individuos y empresas que, según Washington, operan para la organización criminal liderada por los hermanos Alfonso y René Arzate, conocidos aliados de "Los Mayos".
Condena y cautela
La reacción de la oposición no se hizo esperar. La también legisladora de Movimiento Ciudadano Irais Reyes fue contundente al señalar que "México no puede depender de que Estados Unidos le mande pruebas desde el extranjero", exigiendo una actuación inmediata de la Fiscalía General de la República. Sus palabras resonaron como un reproche directo al gobierno federal: "No queremos ni linchamientos mediáticos ni impunidad, lo que exigimos es que sea un proceso transparente, independiente, porque no es un tema de partidos, es un reto del Estado mexicano".
Desde las filas del PAN, la diputada Paulina Rubio fue aún más severa en sus señalamientos. Para la legisladora panista, el caso Brown no es un episodio aislado, sino "otro elemento que refuerza la existencia de una red tejida desde las más altas esferas del Gobierno con la delincuencia organizada". Con voz firme, Rubio sentenció: "Ya no hablamos de la autoridad en complicidad con el crimen, hablamos del crimen hecho autoridad".
Su correligionario, Héctor Saúl Téllez, fue igual de categórico al calificar las acusaciones como "un golpe más a la credibilidad de Morena". El legislador panista cuestionó cómo una figura con el perfil político de Brown pudo formar parte de un grupo criminal "sin que nadie en su partido lo notara", sugiriendo que esto "suena a complicidad, a pago de favores al narco, a una cuota política del crimen organizado por parte de Morena".
La defensa presidencial
Por la mañana desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adoptó una postura defensiva que generó varias interrogantes. Durante su conferencia matutina de este viernes, la mandataria reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tenía conocimiento de las sanciones estadounidenses "semanas antes" de que se hicieran públicas, pero que México solicitó infructuosamente que fueran aplicadas en conjunto.
"No presentaron las pruebas suficientes para que la UIF pudiera congelar desde aquí las cuentas", explicó Sheinbaum, marcando una clara distancia con la decisión unilateral de Washington. La presidenta fue enfática al señalar que del lado mexicano "no existen pruebas suficientes" que acrediten las acusaciones de lavado de dinero, aunque dejó la puerta abierta: "Si hubiera más información, nosotros no vamos a proteger a nadie".
El contraste entre las versiones es abismal. Mientras Estados Unidos afirma que Brown recibió "protección de autoridades locales para las actividades criminales" y que empresarios y operadores políticos sirvieron como "intermediarios" entre ella y los líderes del cártel, el gobierno mexicano insiste en que no hay "evidencias nacionales" que sustenten tales acusaciones.
El caso Hilda Araceli Brown representa más que un escándalo político: es un espejo que refleja las profundas contradicciones de un sistema que promete transformación mientras enfrenta —nuevamente— acusaciones de complicidad con el crimen organizado. La demanda de juicio político presentada por Zavala no solo busca el desafuero de una legisladora; pretende responder a una pregunta fundamental: ¿hasta dónde llega la infiltración del narco en las instituciones mexicanas?
El Caso Brown: Cronología y Actores Clave
• Intermediarios conectaron con hermanos Arzate
• Recibió protección para actividades criminales
• Cuentas congeladas en territorio estadounidense
• No hay evidencias nacionales
• Decisión unilateral estadounidense
• Se requieren pruebas para actuar
ACTORES PRINCIPALES
Ex alcaldesa Rosarito
Demandante
Defensa institucional
Crítica del proceso
Voz opositora
Crítico de Morena
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