El homicidio del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, ocurrido en Manzanillo el 8 de noviembre de 2024, se relaciona directamente con sus denuncias contra los hermanos Roberto y Fernando Farías Laguna, señalados por la FGR como operadores de una red criminal en puertos y aduanas.
CDMX — El crimen contra Guerrero Alcántar cimbró a la Secretaría de Marina. Pocos días antes de su asesinato, otro elemento naval había sido ejecutado mientras vacacionaba, hechos que ahora se incluyen en la misma indagatoria federal contra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del entonces secretario Rafael Ojeda Durán.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, los hermanos Farías Laguna son responsables de permitir el desembarque ilegal de combustible en al menos 31 buques. Mientras Manuel Roberto Farías fue detenido el 2 de septiembre de 2025, su hermano Fernando permanece prófugo.
El trasfondo del asesinato se ubica en una carta que Guerrero Alcántar entregó el 14 de junio de 2024 al almirante Rafael Ojeda. En el documento, acusaba que Roberto Farías, con apoyo de los capitanes Miguel Ángel Solano Ruiz y Climaco Aldape Utrera, manipulaba designaciones en aduanas para favorecer operaciones ilícitas. La misiva fue encontrada meses después en la oficina de Guerrero en la 22 Zona Naval de Puerto Madero, su última adscripción.
La FGR sostiene que el homicidio se relaciona con la reunión que Guerrero sostuvo el 10 de octubre de 2024 en las oficinas del entonces titular de la Marina, donde reiteró sus denuncias. Según las pesquisas, el contralmirante había informado previamente su ubicación en Manzanillo y Mazatlán durante su licencia, lo que refuerza la hipótesis de que sus asesinos contaron con información interna de la propia institución naval.
El modus operandi de su ejecución fue idéntico al asesinato de Magaly Janet Nava Ramos, auxiliar en la delegación de la FGR en Colima, ocurrido el 21 de octubre de 2024. En ambos casos, dos sicarios en motocicleta abrieron fuego con armas Águila calibre 9 mm Luger, mientras cómplices daban cobertura desde un vehículo.
Como resultado de la investigación, la FGR ha detenido a cinco oficiales de la Marina y cinco funcionarios de Aduanas, entre ellos Francisco Javier Antonio Martínez, ex gerente de Administración y Finanzas de la ASIPONA en Tampico, vinculado con la importadora Intanza, empresa señalada por traficar millones de litros de diésel simulando ser aditivos.
El asesinato de Guerrero Alcántar, no hay duda según las investigaciones judiciales, se ejecutó tras denunciar a la cúpula naval implicada en el huachicol fiscal.
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