La aprobación en la Cámara de Diputados de las reformas al Código Fiscal de la Federación confirma la consolidación de un modelo de control tributario cada vez más automatizado, con amplias facultades de vigilancia para el Estado y menor margen de defensa para los contribuyentes.
CDMX — Con 335 votos a favor y 122 en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo particular el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, enviándolo al Senado de la República para sus efectos constitucionales. La medida, presentada como una actualización técnica, redefine el equilibrio entre autoridad y ciudadanía en materia tributaria.
El Congreso avaló modificaciones al artículo 124 y al artículo primero transitorio del Código Fiscal. La primera elimina la fracción X que establecía como causal de improcedencia del recurso de revocación cuando “el contribuyente manifieste desconocer el acto ocurrido”. La segunda, más significativa, fija que la obligación de las plataformas digitales de compartir información fiscal con la autoridad entrará en vigor el 1 de abril de 2026.
Según explicó el diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT), la fracción suprimida resultaba redundante tras las reformas previas. Sin embargo, otros legisladores advirtieron que más allá de ajustes técnicos, el fondo del cambio es político y estructural: se fortalece la posición de la autoridad fiscal, que ahora tendrá un margen más amplio de intervención digital sobre contribuyentes y empresas.
La diputada Freyda Marybel Villegas Canché (Morena) defendió que la adición al artículo 30-B busca integrar las obligaciones digitales en el marco vigente, permitiendo a la autoridad contar con toda la información necesaria para garantizar el cumplimiento fiscal. No obstante, reconoció que la adecuación requiere tiempo para que las plataformas ajusten sus sistemas, de ahí el plazo hasta 2026.
Legislar con prisa, fiscalizar con rigor
Durante la discusión, el diputado Luis Agustín Rodríguez Torres (PAN) criticó que las reformas se aprobaran “para corregir un error de hace unas horas”, reflejando improvisación legislativa en un marco tan sensible como el fiscal. En la misma línea, Germán Martínez Cázares sostuvo que votar a favor sería convalidar la falta de “aseo legislativo”.
Por su parte, Gabriela Georgina Jiménez Godoy (Morena) y Laura Ivonne Ruíz Moreno (PRI) coincidieron en que mantener la fracción eliminada afectaba la defensa del contribuyente, debilitando su certeza jurídica frente a la autoridad. Mientras tanto, Ramón Ángel Flores Robles (PT) afirmó que las modificaciones fortalecerán el control sobre los comprobantes fiscales, asegurando que cada factura tenga respaldo real y cada peso declarado un origen legítimo.
El diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas (Morena) defendió el dictamen como parte del esfuerzo por “desmantelar el andamiaje de corrupción” y combatir la evasión mediante la cancelación de sellos digitales usados por empresas simuladoras de operaciones. Sin embargo, en el fondo, el debate no fue técnico, sino estructural: entre un modelo de administración tributaria automatizada y otro que preserve el equilibrio entre control y derechos.
La reforma incluye ajustes a más de veinte artículos, entre ellos los 17-F, 17-H, 29-A, 30-B, 42, 49 Bis, 66-A, 83, 113 Bis y los transitorios Primero al Cuarto, reforzando el marco de control fiscal sobre plataformas, contribuyentes y transacciones digitales.
El resultado es una arquitectura tributaria más tecnocrática, donde la eficiencia recaudatoria avanza en detrimento de la seguridad jurídica y la transparencia institucional. México entra así en una nueva fase de gobernanza digital, en la que la autoridad fiscal se consolida como eje del poder estatal en la economía de datos.
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