Con mayoría de Morena y en medio de cuestionamientos de la Oposición y especialistas, las comisiones del Senado de la República aprobaron el dictamen que limita el alcance del juicio de amparo, uno de los principales instrumentos de defensa ciudadana frente a actos de autoridad. El documento será turnado al Pleno para su discusión y votación este mismo día.

CDMX — Con 32 votos a favor y 12 en contra, Morena y sus aliados impusieron mayoría en las comisiones unidas de Justicia, Hacienda y Estudios Legislativos para avanzar con las reformas a la Ley de Amparo, pese a las advertencias sobre su impacto en la protección de los derechos humanos.

En la Comisión de Justicia, el dictamen obtuvo 12 votos en favor y 4 en contra; en Hacienda, 8 votos en favor y 3 en contra; y en Estudios Legislativos, 12 en favor y 5 en contra. Aunque el texto sufrió modificaciones de última hora, la oposición consideró que los ajustes no alteran el sentido restrictivo de la reforma.

De acuerdo con el análisis de la bancada del PAN, fechado el 30 de septiembre, los cambios más preocupantes radican en limitar la suspensión del acto reclamado en sectores considerados estratégicos para el Gobierno —como la materia fiscal, financiera y de deuda pública—, además de introducir una definición ambigua de interés legítimo y crear privilegios para entidades estatales que quedarían exentas de otorgar garantías.

La reforma significa una enorme regresión para la protección y defensa de los derechos humanos. Es un grave retroceso, porque Morena echará de un plumazo los avances de la reforma de 2011”, advirtió la senadora Alejandra Barrales, del Movimiento Ciudadano.

En la misma línea, la panista Guadalupe Murguía señaló que se trata de “una reforma apresurada, hecha sobre las rodillas, con cambios sobre la marcha”, lo que evidencia la falta de deliberación amplia en torno a un instrumento jurídico que constituye una de las principales garantías procesales en el país.

La discusión en el Pleno del Senado se prevé para la tarde de este martes, donde la mayoría oficialista buscará aprobar el dictamen en lo general y particular, mientras los grupos parlamentarios opositores han adelantado que insistirán en frenar lo que califican como una regresión en materia de derechos y autonomía judicial.

La reforma forma parte del paquete de cambios promovidos por el bloque mayoritario en el Congreso, orientados a reconfigurar el control constitucional y limitar las suspensiones que en años recientes han detenido políticas y obras federales.

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