Convocatoria urgente en Parque PAVIGI: la comunidad de San Miguel Xoxtla denuncia un intento de “robo del agua” mientras el ayuntamiento defiende la obra y promete abastecimiento exclusivo.
Xoxtla, Pue. — Esta mañana la población de San Miguel Xoxtla hizo un llamado público para concentrarse de manera urgente en el Parque PAVIGI y “defender el agua de los pueblos”. Según vecinos y colectivos locales, existe la percepción —y la denuncia pública— de un nuevo intento por apropiarse de fuentes hídricas de uso comunitario. La respuesta oficial del ayuntamiento sostiene lo contrario: en un comunicado se informa que se inician trabajos en el parque a causa de “la creciente necesidad en temas de agua” y que el “Pozo PAVIGI será de uso exclusivo para San Miguel Xoxtla”.
El choque entre la versión municipal y la alarma ciudadana abre preguntas que van más allá del episodio puntual. Primero: ¿qué transparencia administrativa precedió la obra? El anuncio oficial apela a la tranquilidad y a la “pronta mejora del abasto”, pero no detalla documentos técnicos, estudios de impacto, calendario, ni mecanismos de vigilancia ciudadana. Segundo: la insistencia en la exclusividad del pozo no despeja dudas sobre derechos de uso consuetudinario, concesiones o posibles convenios con terceros. Tercero: la criminalización y la judicialización de defensores del agua —mencionada por pobladores— da cuenta de un patrón regional donde los conflictos por pozos “clandestinos” terminan en clausuras, procesos judiciales y, en ocasiones, detenciones.
El contexto regional fortalece estas preocupaciones. Municipios de la zona de Tehuacán han vivido procesos similares: pozos clausurados y comunidades enfrentadas a autoridades que, en nombre de la legalidad, aplican medidas que implican efectos sociales y penales sobre quienes defienden el acceso al agua. Esa secuencia debilita la confianza y convierte la gestión del agua en un campo de poder y litigio, en lugar de un bien común gestionado con criterios técnicos y participación comunitaria.
Desde una perspectiva crítica, el conflicto en PAVIGI revela tres problemas enormes: 1) ausencia de una comunicación pública accesible y verificable sobre permisos, estudios y beneficiarios; 2) carencia de mecanismos vinculantes de consulta comunitaria previa; 3) uso de procesos administrativos o judiciales que terminan castigando a defensores sociales en vez de dirimir técnicamente controversias. Estas fallas no son meros errores administrativos: son síntomas de una gestión del agua que privilegia decisiones opacas y soluciona controversias imponiendo medidas punitivas antes que diálogo y auditoría independiente.
Para revertir la crisis de confianza se requieren medidas concretas y verificables: publicación inmediata de los estudios técnicos del pozo, actas de titularidad y contratos vinculados; apertura de un foro ciudadano con actores independientes (universidades, organizaciones de derechos hídricos, peritos neutrales) y suspensión cautelar de trabajos hasta que exista un dictamen público que aclare beneficiarios y alcance del proyecto. No se trata de frenar el abastecimiento cuando es necesario, sino de garantizar que cualquier obra cuente con legitimidad social y legal, que no utilice la administración pública como instrumento para concentrar recursos hídricos sin control.
En tanto persistan prácticas de opacidad y judicialización, el agua seguirá siendo motivo de conflicto y la violencia institucional contra defensores aumentará la desconfianza comunitaria. La resolución justa exige autoridad probatoria y participación: sin eso, cualquier promesa de “abasto a la brevedad” permanecerá débil frente al temor real de apropiaciones indebidas.
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