La administración de Donald Trump elaboró una opinión jurídica clasificada que le otorga al presidente la facultad de ordenar ataques letales contra una lista secreta de presuntos narcotraficantes y organizaciones criminales, al considerarlas una “amenaza inminente” para Estados Unidos, según reveló CNN.
Washington — La Oficina de Asesoría Legal (OLC) del Departamento de Justicia redactó el dictamen, el cual amplía las atribuciones presidenciales para el uso de la fuerza sin aprobación del Congreso ni control judicial previo. Este documento no ha sido publicado y va más allá de la designación formal de organizaciones terroristas, al incluir grupos criminales no enlistados oficialmente.
Juristas advierten que esta interpretación representa un precedente crítico: convierte al presidente en autoridad única para decidir qué grupos pueden ser tratados como “combatientes enemigos” y ser ejecutados sin proceso legal. La medida rompe con la tradición jurídica de tratar a los narcotraficantes como delincuentes comunes sujetos a enjuiciamiento y detención por fuerzas civiles como la Guardia Costera.
La ex asesora del Departamento de Defensa, Sarah Harrison, señaló que el criterio de la OLC “podría permitir al presidente declarar que cualquier organización que trafique drogas constituye un ataque armado contra Estados Unidos y responder con fuerza letal”, extendiendo así los poderes de guerra más allá del marco autorizado tras los atentados del 11 de septiembre.
El dictamen, según fuentes militares, se ha utilizado como base legal para operaciones recientes en el Caribe, donde el Departamento de Defensa ha sostenido que el país se encuentra en “conflicto armado” con los cárteles. Bajo este argumento, los contrabandistas son considerados “combatientes ilegales”. Hasta ahora, las fuerzas estadounidenses han realizado al menos cuatro ataques contra embarcaciones vinculadas a narcotraficantes, uno de ellos confirmado por el secretario de Defensa Pete Hegseth, con saldo de cuatro muertos.
El Congreso ha solicitado reiteradamente una copia del dictamen jurídico a las agencias involucradas, sin que éstas hayan accedido a entregarlo. La negativa ha generado cuestionamientos sobre los límites constitucionales del poder presidencial y la transparencia del Departamento de Justicia en el uso de fuerza extraterritorial.
En el Pentágono, abogados militares y especialistas en derecho internacional han expresado reservas sobre la legalidad de atacar a civiles o presuntos criminales fuera del territorio estadounidense. No obstante, la opinión de la OLC se mantiene como la interpretación vinculante dentro del Ejecutivo, prevaleciendo sobre las objeciones de carácter militar o diplomático.
Fuentes de seguridad confirmaron además que la administración amplió las facultades de la CIA para ejecutar ataques letales y operaciones encubiertas en América Latina, en paralelo al despliegue militar contra cárteles. Dicha expansión incrementa los riesgos legales para el gobierno estadounidense, debido a la posible afectación de ciudadanos y residentes permanentes que podrían demandar al Estado por daños extraterritoriales.
Juristas consultados advierten que esta doctrina jurídica abre la puerta a una “guerra sin fin” contra actores no estatales, sin control legislativo ni judicial, y reconfigura de facto la noción de enemigo combatiente al incluir a individuos acusados de delitos comunes.
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