El Gobierno de Estados Unidos ha revocado las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos en el marco de una ofensiva diplomática y judicial contra los cárteles de la droga y sus presuntos aliados políticos, según informó la agencia Reuters.
InfoStockMx — La decisión, confirmada este martes por la mañana, ha sacudido a la élite política mexicana. Gobernadores, senadores, alcaldes y altos mandos militares figuran en la lista de afectados, lo que evidencia un endurecimiento sin precedentes en la política de Washington hacia México.
De acuerdo con tres exembajadores estadounidenses consultados por Reuters, la medida no es nueva, pero sí más amplia y sistemática. Durante anteriores administraciones, la cancelación de visas se utilizaba como una herramienta puntual. Hoy, aseguran, forma parte de una estrategia política del presidente Donald Trump para “ejercer más presión sobre México”.
El Departamento de Estado sostuvo que “los visados, incluidos los de funcionarios extranjeros, pueden ser revocados en cualquier momento” por “actividades contrarias al interés nacional de Estados Unidos”, sin obligación de ofrecer explicaciones. Un funcionario añadió que la administración Trump mantiene “una buena relación de trabajo con el gobierno de Claudia Sheinbaum” y que la política America First seguirá guiando la agenda bilateral.
Hasta ahora, solo cuatro funcionarios han reconocido públicamente la revocación: la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila; el mandatario de Tamaulipas, Américo Villarreal; el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo; y el de Nuevo León, Samuel García. También se menciona a Layda Sansores (Campeche), al secretario de Educación federal Mario Delgado, a los senadores Ricardo Monreal y Adán Augusto López, así como a varios alcaldes de Tamaulipas y Chihuahua, y al menos cuatro generales de alto rango.
Una fuente política mexicana de alto nivel dijo a Reuters que más de 50 miembros del partido Morena y docenas de funcionarios de otros partidos también fueron objeto de la medida. Muchos han optado por no hacerlo público, conscientes del daño reputacional que conlleva.
La exembajadora Roberta Jacobson recordó que, en su gestión (2016-2018), las cancelaciones de visado solo ocurrían ante una condena o proceso judicial abierto. Por eso, considera que la actual ofensiva puede estar vinculada a investigaciones por actividades ilícitas aún no reveladas. “Lo más probable es que no se sepa si Estados Unidos está investigando o no durante años”, advirtió.
La ofensiva migratoria y diplomática contra funcionarios mexicanos marca una nueva fase en la relación bilateral: Washington ya no distingue entre criminales y políticos, sino entre confiables y prescindibles.
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