La Cámara de Diputados inició la discusión del dictamen que da trámite a la iniciativa presidencial en materia de extorsión, con la que se busca reformar y armonizar diversos ordenamientos legales para combatir de manera integral uno de los delitos más extendidos y dañinos del país.
CDMX — El documento en debate reforma, adiciona y deroga disposiciones del Código Penal Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. La propuesta deriva de una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de once más impulsadas por legisladores de Morena, PAN, PVEM y PT.
El 9 de octubre de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reformó el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, otorgando al Congreso de la Unión la facultad para expedir una ley general en materia de extorsión. Dicha ley deberá emitirse en un plazo máximo de 180 días a partir de esa fecha, cumpliendo así con el mandato constitucional de legislar sobre el tema.
El objetivo central del dictamen es establecer la distribución de competencias y las formas de coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno para la prevención, investigación, persecución y sanción del delito de extorsión y sus delitos vinculados. También define el tipo penal básico, las sanciones y agravantes aplicables en todo el territorio nacional.
La reforma busca además integrar perspectiva de género, enfoque de adulto mayor e interés superior de la niñez en la aplicación de la ley, garantizando la no revictimización, la reparación del daño y la cooperación interinstitucional e internacional. El delito de extorsión será investigado y perseguido de oficio, y la Federación podrá atraer los casos cuando existan razones de interés social, gravedad o vinculación con la delincuencia organizada.
Asimismo, la atracción federal procederá cuando existan resoluciones internacionales que obliguen al Estado mexicano a actuar por omisión o deficiencia en la persecución del delito, o cuando el Ministerio Público de la Federación solicite la intervención de la autoridad federal ante la relevancia del caso.
El dictamen propone penas de seis a quince años de prisión y multas de 100 a 500 UMA para quien, sin derecho, obligue a otra persona a dar, hacer o tolerar algo con el fin de obtener un beneficio o causar un perjuicio. Se establecen además tres conjuntos de agravantes que elevan las sanciones según la naturaleza del delito y el perfil de las víctimas.
El primer conjunto aumenta la pena hasta una tercera parte cuando el delito se cometa contra personas que realizan actividades comerciales, empresariales o productivas, o cuando el extorsionador actúe en nombre de un sindicato o asociación real o simulada. También se sanciona con mayor severidad si el cobro se efectúa a través del sistema financiero o mediante el uso de terceros inocentes.
El segundo conjunto eleva la pena de una tercera parte hasta la mitad si la víctima es menor de edad, migrante, embarazada o adulto mayor, o si se usan datos personales, imágenes o videos manipulados para coaccionarla. Se incluye también la extorsión cometida por medios electrónicos o digitales, práctica que ha crecido exponencialmente en los últimos años.
El tercer conjunto agrava la sanción de la mitad hasta dos terceras partes cuando se emplea violencia física o moral, se participa con armas o instrumentos peligrosos, o cuando el delito busca inhibir la libertad de expresión o la defensa de los derechos humanos. También aplica a casos donde el extorsionador actúa desde un centro penitenciario o utiliza a menores de edad para cometer el delito.
La iniciativa incluye un apartado específico sobre la responsabilidad de servidores públicos que, mediante actos u omisiones, faciliten o encubran el delito. Se sancionará la divulgación de información reservada de investigaciones, la abstención de denunciar, o la introducción de dispositivos electrónicos en centros penitenciarios. Estos casos tendrán agravantes adicionales por su impacto en la procuración de justicia.
Con esta discusión, la Cámara de Diputados cumple con un mandato constitucional, pero también enfrenta la tarea de traducirlo en una ley efectiva contra una de las prácticas criminales más extendidas en México, donde la extorsión opera tanto desde la calle como desde las prisiones.
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