ARTICLE 19 México y Centroamérica advirtió que, previo a la comparecencia del periodista Rodolfo Ruíz el 23 de diciembre de 2025 en Puebla, persisten violaciones al debido proceso. Denunció uso penal represivo, audiencias cerradas y una investigación iniciada hace cinco años.
Puebla de Zaragoza, Pue. — En la antesala de una audiencia judicial trascendente, organizaciones defensoras de la libertad de expresión, redes y colectivos, encienden alertas sobre el uso del sistema penal contra el periodista Rodolfo Ruiz en Puebla. A un día de la comparecencia del director de e-consulta, el caso se ha convertido en un referente del conflicto entre la Fiscalía General del Estado de Puebla y el ejercicio periodístico crítico.
ARTICLE 19 México y Centroamérica denunció que, previo a la comparecencia del periodista Rodolfo Ruíz, programada para el 23 de diciembre de 2025, la investigación penal en su contra representa un uso abusivo del derecho penal. El proceso es conducido por la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la Fiscalía General del Estado de Puebla, por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, a partir de una carpeta integrada durante cinco años.
La organización subrayó que la imputación se formalizó el 17 de diciembre, pese a irregularidades atribuibles al ministerio público y a omisiones del Juez de Control Joel Daniel Baltazar Ávalos, del Sistema Acusatorio y Adversarial de la Región Judicial Centro. Como resultado, al periodista se le impusieron medidas cautelares, entre ellas firmas periódicas y la prohibición de salir del país.
ARTICLE 19 señaló violaciones al descubrimiento probatorio y al principio de lealtad procesal, lo que vulnera el derecho a una defensa adecuada reconocido en la Constitución mexicana y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, expresó preocupación por el bloqueo informativo durante las audiencias, luego de que se ordenara su realización a puerta cerrada sin que mediara justificación legal, desalojando incluso a familiares y medios de comunicación.
El pronunciamiento recordó que el trabajo periodístico de Ruíz documentó presuntas extorsiones a empresarios por funcionarios de la propia fiscalía poblana, hechos que derivaron en investigaciones federales y en la destitución de altos mandos ministeriales. Para la organización, resulta significativo que la institución señalada sea ahora la encargada de sostener la acusación.
ARTICLE 19 advirtió que estos procesos buscan el silenciamiento y la autocensura. Documentó al menos 51 casos de acoso judicial contra la prensa en el país durante el año, con Puebla como un punto recurrente. Exhortó a la autoridad judicial a garantizar el debido proceso y el principio de publicidad en la audiencia próxima.
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