Con productores bloqueando las calles y la oposición denunciando atropellos, el oficialismo forzó la aprobación exprés de una reforma que promete "ordenar" el agua pero desata sospechas de control estatal sobre un recurso vital.
CDMX — En una jornada marcada por la tensión y la prisa legislativa, la bancada de Morena impuso este martes el fast track para aprobar la Ley General de Aguas, ignorando las protestas de cientos de agricultores que rodearon el Palacio Legislativo con tractores y las advertencias de la propia presidenta de la Mesa Directiva. Lo que debía discutirse el miércoles se adelantó abruptamente, revelando el nerviosismo oficial ante una movilización campesina que amenazaba con crecer.
Ricardo Monreal y su equipo desplegaron una narrativa épica: presentaron la reforma como un acto de valentía histórica que "le quita el agua a Salinas de Gortari" y combate al "cártel del agua". Elizabeth Cervantes prometió estar "a favor del pueblo" y contra la mercantilización del líquido. Xóchitl Zagal acusó al PRI y PAN de "flojos" que no leyeron las 500 páginas del dictamen, mientras Gabriel García dedicó insultos personales a Rubén Moreira, llamándolo "miserable" y "rey de las calumnias". El discurso oficial osciló entre el mesianismo y el ataque personal, evadiendo las dudas de fondo.
Pero la retórica choca con los hechos. Aunque Morena insiste en que protege a ejidatarios y pequeños propietarios, los productores no se tragan el cuento. Cerca de 600 mil concesionarios ven en esta ley una amenaza concreta: la posibilidad de que el Estado recupere volúmenes de agua "ahorrados" mediante tecnificación, la prohibición de transmitir libremente las concesiones y un esquema de prelaciones que deja en manos burocráticas decisiones vitales para la producción agrícola. Los agricultores que llegaron desde Guanajuato, Michoacán, Veracruz, Puebla y Tlaxcala no están ahí por capricho: temen perder el control sobre un recurso del que depende su sustento.
La prisa legislativa delata más de lo que esconde. Monreal justificó el adelanto argumentando que "todavía falta el debate" y que habrá más modificaciones, contradiciendo su propia narrativa de apertura y diálogo. Si realmente escucharon a los productores, ¿por qué la urgencia? ¿Por qué acelerar ante el amago de 200 tractores adicionales? La respuesta es evidente: Morena teme que la protesta crezca y que la presión social obligue a concesiones mayores. Prefirieron el atropello parlamentario al riesgo de perder control.
Incluso Kenia López Rabadán, presidenta panista de la Mesa Directiva, expresó su "desacuerdo con este fast track", reconociendo que hay voces campesinas que "no han sido escuchadas". Esa grieta interna es sintomática: cuando hasta quien debe conducir la sesión cuestiona el procedimiento, la legitimidad del proceso está en entredicho.
Tras cinco horas de bloqueo, los productores de Puebla, Tlaxcala y Veracruz se retiraron de San Lázaro con sus tractores, pero las protestas continúan en diversos estados.
Morena tiene los votos, cierto, pero carece del consenso. Y en materia de agua —recurso estratégico que toca fibras económicas, sociales y culturales— gobernar solo con mayorías numéricas es sembrar conflictos futuros. La Cuarta Transformación promete "poner orden" en el agua, pero lo que realmente está ordenando es una confrontación con el campo mexicano que, según se observa, apenas comienza.
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