El gobernador de Puebla parte de un problema real —la presencia criminal y el riesgo para quienes gobiernan determinados municipios—, pero introduce una variable que no se desprende de sus propias premisas: el sexo de quien ejerce el poder. Al hacerlo, transforma un problema de capacidad institucional en un problema de género.
Mexconomy / Región Global. — La declaración de Alejandro Armenta* puede ser analizada como una proposición política, pero también como una estructura lógica. Y al separar sus elementos aparece una conclusión distinta (verdadera) de la que el gobernador pretende transmitir.
La primera premisa es difícilmente controvertible: existen municipios donde la presencia de organizaciones criminales representa un riesgo extraordinario para las autoridades. En septiembre, el Congreso de Puebla revocó los mandatos de los ayuntamientos de Acatlán, Esperanza y Tepeyahualco, declaró su desaparición y designó concejos municipales para concluir el periodo constitucional. Los tres concejos quedaron presididos por hombres, aunque incluyeron mujeres entre sus integrantes.
Hasta aquí, el problema es institucional.
Podemos representarlo así:
P1: existen territorios con presencia criminal.
P2: la presencia criminal incrementa el riesgo para quien ejerce la autoridad.
P3: el Estado necesita personas con experiencia y capacidad para gobernar esos territorios.
De esas premisas puede desprenderse razonablemente una conclusión:
C: deben seleccionarse perfiles con experiencia, capacidad y condiciones adecuadas de protección y gobernabilidad.
Pero Armenta introduce otra variable:
P4: es especialmente delicado enviar a una mujer a esos municipios.
Y entonces obtiene otra conclusión:
C2: es preferible que esos municipios sean encabezados por hombres.
Ahí se encuentra el salto lógico.
El sexo no se desprende de la peligrosidad del territorio. Para que la conclusión de Armenta fuera consecuencia necesaria de sus premisas tendría que demostrar una relación causal entre ser mujer y una menor capacidad para ejercer la autoridad frente al crimen.
No la demuestra. La presupone.
El problema deja entonces de ser la delincuencia organizada y pasa a ser la concepción del poder público.
Porque un Estado institucionalmente fuerte responde a la violencia con inteligencia, policía, fiscalía, coordinación, protección, investigación, justicia y capacidad operativa. No determina el sexo de quien puede ejercer legítimamente la autoridad.
La ecuación de Armenta invierte ese principio:
territorio peligroso → autoridad expuesta → mujer más expuesta → preferencia por un hombre.
La consecuencia es inquietante: cuanto mayor sea la penetración criminal de un territorio, mayor sería, bajo esa lógica, la razón para reducir la posibilidad de que una mujer lo gobierne.
El crimen terminaría funcionando así como una barrera indirecta para la participación política de las mujeres.
Eso explica por qué la posterior afirmación del gobernador en X —que las mujeres tienen plena capacidad para desempeñar cualquier responsabilidad pública y que pueden gobernar municipios y el propio Estado— no resuelve el problema planteado por su declaración original.
La cuestión nunca fue si las mujeres son capaces de gobernar. La cuestión fue si, frente a un municipio peligroso, su sexo debía convertirse en una razón para preferir a un hombre.
Son preguntas diferentes.
Y hay una segunda contradicción.
Si el problema real es la experiencia, entonces la experiencia debe ser el criterio. Si el problema real es la seguridad, la respuesta debe ser seguridad. Si el problema real es la capacidad institucional, la respuesta debe ser capacidad institucional.
Pero cuando la variable pasa a ser “mujer”, el Estado deja de corregir su propia debilidad y empieza a seleccionar quién puede enfrentarla.
La paradoja puede resumirse de otra manera:
El Estado debería proteger a quien gobierna.
En el razonamiento de Armenta, en cambio, la existencia del riesgo se convierte en una razón para decidir quién puede gobernar.
Y ahí aparece la dimensión de género.
La legislación mexicana considera violencia política contra las mujeres en razón de género aquella que, basada en elementos de género, tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el ejercicio efectivo de los derechos políticos, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes al cargo, el libre desarrollo de la función pública o la toma de decisiones. Entre los elementos que deben analizarse se encuentra precisamente si el acto se basa en la condición de mujer, tiene un impacto diferenciado o afecta desproporcionadamente a las mujeres.
Eso no significa que una declaración, por sí sola, deba ser jurídicamente calificada automáticamente como violencia política de género. Esa determinación corresponde a las autoridades competentes y exige analizar los elementos del caso.
Pero sí significa que la frase de Armenta merece ser examinada bajo esa perspectiva: un servidor público utiliza expresamente el sexo de las personas como argumento para determinar quién debería encabezar gobiernos municipales en territorios de riesgo.
El problema, entonces, no es simplemente que una frase haya sido desafortunada.
Es que la frase revela una concepción del poder en la que la capacidad institucional puede ser sustituida por una característica sexual.
Y la verdad profunda que emerge de esa ecuación es incómoda:
si un territorio es demasiado peligroso para que lo gobierne una mujer, entonces el problema no está demostrado en la mujer; está demostrado en el Estado que no puede garantizar que una autoridad, hombre o mujer, ejerza el poder.
La pregunta que queda abierta no es quién es más fuerte.
Es quién debe ser suficientemente fuerte: ¿la persona o la institución?
* “Te voy a dar una razón, ojalá la entiendas. Son lugares complicados son lugares donde hay grupos delictivos para mí es muy delicado proponer a una mujer en un lugar donde la delincuencia se apoderó desde años atrás sobre todo con el PRI y el PAN, entonces exponer a una mujer es muy delicado. Ese es mi razonamiento probablemente no te convenza a ti pero yo prefiero que el congreso como lo hizo haya elegido a hombres que tienen experiencia que han sido autoridad. Para mí enviar una mujer a Tepeyahualco, enviar una mujer a Esperanza, donde desmantelaban vehículos, enviar a una mujer donde operan Los Rojos que son grupos delictivos que operan entre entre la zona de Oaxaca y de Puebla si lo considero como un tema de riesgo por eso es que seguramente los diputados decidieron enviar una mujer”.
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