El problema no es que Armenta crea que Puebla tiene municipios peligrosos. El problema es que, ante la incapacidad del Estado para garantizar su gobernabilidad, encontró la solución en el sexo de quien los gobierne.
Región Global — Hay una diferencia fundamental entre reconocer que un territorio está bajo presión criminal y aceptar que esa presión determina quién puede gobernarlo.
Alejandro Armenta cruzó esa frontera cuando explicó por qué prefería que hombres con experiencia encabezaran los concejos municipales de zonas como Esperanza y Tepeyahualco.
Su argumento fue la peligrosidad.
Pero la peligrosidad de un territorio no es una categoría de género. Es una categoría de seguridad y de capacidad institucional.
Un municipio donde operan organizaciones criminales no necesita, en principio, un hombre porque sea hombre. Necesita un gobierno que pueda ejercer autoridad.
Necesita policía que responda al mando constitucional. Necesita investigación criminal. Necesita coordinación con el estado y la Federación. Necesita fiscalías capaces de investigar. Necesita jueces. Necesita inteligencia. Necesita protección para las autoridades. Necesita recursos. Necesita instituciones que no sean desplazadas por poderes criminales.
Si todo eso existe, el sexo de quien encabeza el gobierno municipal pierde relevancia como variable de gobernabilidad.
Si no existe, entonces tenemos un problema mucho mayor que el sexo de la persona que ocupa el cargo.
Tenemos un problema de Estado.
Los hechos que rodean la declaración hacen todavía más visible esa cuestión. El Congreso de Puebla declaró la desaparición de los ayuntamientos de Acatlán, Esperanza y Tepeyahualco y creó concejos municipales para concluir el periodo 2024-2027. Los tres quedaron presididos por hombres, aunque con mujeres dentro de sus integrantes.
La intervención institucional fue consecuencia de una crisis de los gobiernos municipales. Precisamente por eso, el criterio central debería ser reconstruir la autoridad.
La pregunta es: ¿reconstruirla con qué?
¿Con experiencia?
¿Con capacidad administrativa?
¿Con controles?
¿Con seguridad?
¿Con inteligencia?
¿Con coordinación institucional?
¿O con hombres?
Ahí está el verdadero problema de la declaración.
Porque cuando un gobernador explica que una mujer estaría demasiado expuesta para gobernar un municipio dominado por la delincuencia, la solución deja de estar dirigida a la delincuencia.
La solución se dirige a la mujer.
En lugar de decir: “vamos a garantizar que la autoridad pueda gobernar”, el razonamiento termina siendo: “pongamos a alguien que consideramos menos expuesto”.
Eso cambia completamente el sentido de la responsabilidad pública.
Un Estado constitucional no debería seleccionar a sus autoridades de acuerdo con la capacidad de los criminales para intimidarlas. Debería construir instituciones capaces de impedir que los criminales determinen quién puede ejercer la autoridad.
De lo contrario, el crimen comienza a tener una capacidad política adicional: no sólo controlar territorios, sino condicionar indirectamente quién puede gobernarlos.
Y si esa condición termina perjudicando especialmente a las mujeres, el problema adquiere una dimensión de género.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias establece que los tres órdenes de gobierno tienen la obligación de organizar el aparato gubernamental para asegurar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. También define como violencia institucional los actos u omisiones de servidores públicos que discriminen o utilicen estereotipos de género y obstaculicen derechos de las mujeres.
El contraste es evidente.
La obligación institucional consiste en construir condiciones para que las mujeres puedan ejercer sus derechos.
El argumento de Armenta, en cambio, parte del peligro para concluir que una mujer no debería ser colocada en determinados espacios de poder.
Puede presentarse como protección.
Pero la protección tiene una frontera peligrosa: cuando para proteger a alguien se le retira el derecho o la posibilidad de ocupar determinado espacio, la protección puede transformarse en exclusión.
Por eso el debate no debería agotarse en si Armenta se disculpó, rectificó o reiteró después su respaldo a las mujeres.
La cuestión estructural permanece:
¿Qué hace un Estado cuando un territorio es demasiado peligroso para que una autoridad pueda gobernarlo?
La respuesta institucional no debería ser cambiar el sexo de la autoridad.
Debería ser recuperar el territorio.
Porque si la delincuencia obliga al Estado a preguntarse si debe enviar a un hombre o a una mujer, entonces la discusión ya no es solamente sobre género.
Es sobre quién manda.
Y si la respuesta termina siendo que para gobernar hay que ser hombre porque el territorio está en manos del crimen, entonces la verdadera autoridad ya no está en el Palacio de Gobierno, en el Congreso ni en el ayuntamiento.
Está en el miedo que produce la delincuencia.
Y ésa sería una derrota institucional mucho más profunda.
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