La discusión nacional sobre los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias dejó de ser un debate exclusivo del ámbito federal. En Puebla, donde apenas hace unos meses concluyó una de las controversias constitucionales más relevantes sobre libertad de expresión con la invalidez de la denominada Ley de Ciberasedio, las primeras reacciones políticas muestran que la discusión comienza a trasladarse a las entidades federativas.

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Expediente: Regulación de la expresión pública en México

PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA. — La diputada federal Genoveva Huerta, aspirante a la alcaldía de Puebla capital, fue una de las primeras voces en fijar postura frente al anteproyecto presentado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, al advertir que la propuesta podría abrir la puerta a un mayor control sobre los contenidos informativos.

"Con los nuevos lineamientos, el oficialismo quiere convertirse en el juez de la verdad. Si un periodista destapa un caso de corrupción o un desvío de dinero, el propio gobierno dirá que la nota 'no es veraz'. Así de fácil tapan sus tranzas", afirmó la legisladora.

Asimismo, sostuvo que la consulta pública "no puede convertirse en un pretexto para controlar lo que las y los mexicanos ven, escuchan o expresan" y aseguró que permanecerá vigilante para que no se vulneren la libertad de expresión ni el derecho a la información.

Un debate con antecedentes en Puebla

Las declaraciones adquieren una dimensión distinta en el contexto poblano.

Durante 2025, la entidad fue escenario de una intensa discusión nacional a raíz de la aprobación de la denominada Ley de Ciberasedio, una reforma que fue presentada como un mecanismo para combatir conductas de violencia digital y proteger a sectores vulnerables, pero que generó cuestionamientos por parte de organizaciones civiles, especialistas, periodistas y diversos actores políticos debido al alcance de su redacción y a los riesgos que, según sus críticos, representaba para el ejercicio de la libertad de expresión.

La controversia escaló hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que posteriormente declaró la invalidez de la reforma por razones de constitucionalidad, cerrando uno de los episodios jurídicos más relevantes sobre regulación de la expresión pública registrados recientemente en el estado.

Aunque los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias regulan una materia distinta —la radiodifusión y la televisión concesionada— y no constituyen una reforma penal como la del ciberasedio, ambos debates comparten un mismo eje constitucional: cómo proteger determinados derechos sin afectar de manera desproporcionada la libertad de expresión y el derecho a la información.

¿Qué propone el Gobierno federal?

El anteproyecto presentado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal permanecerá en consulta pública del 27 de julio al 21 de agosto y busca reglamentar los derechos de las audiencias previstos en la legislación en materia de telecomunicaciones.

La propuesta establece que las personas podrán presentar quejas ante las defensorías de audiencias cuando consideren vulnerados sus derechos. Si el concesionario no atiende las recomendaciones emitidas por dichas defensorías, el caso podrá ser conocido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), la cual tendría facultades para imponer sanciones administrativas en casos previstos por la normativa. Asimismo, el proyecto incorpora obligaciones relacionadas con la identificación de contenidos editoriales, opiniones y publicidad, así como disposiciones sobre accesibilidad y derecho de réplica.

Durante la presentación del proyecto, el gobierno federal sostuvo que los lineamientos buscan hacer efectivos los derechos de las audiencias reconocidos por la Constitución y precisó que, por ahora, únicamente alcanzan a concesionarios de radio y televisión.

De la Ciudad de México a las entidades

La relevancia política de las declaraciones emitidas en Puebla radica en que evidencian el inicio de un proceso de regionalización del debate.

Hasta ahora, la discusión se había concentrado en el ámbito federal, entre autoridades regulatorias, especialistas en telecomunicaciones y representantes de medios de comunicación. Sin embargo, conforme avanza la consulta pública, comienzan a surgir posicionamientos de actores políticos locales que anticipan que el tema podría convertirse en un nuevo punto de confrontación pública en distintas entidades del país.

Para Puebla, el contexto resulta particularmente significativo debido a la experiencia reciente con la Ley de Ciberasedio, un episodio que colocó al estado en el centro del debate nacional sobre los límites de la regulación estatal frente a las libertades públicas.

Si nuevas voces de partidos políticos, universidades, barras de abogados, organizaciones civiles o concesionarios se incorporan a la discusión durante las próximas semanas, el estado podría convertirse nuevamente en uno de los principales escenarios del debate nacional sobre libertad de expresión y regulación de contenidos.

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Este reportaje forma parte de una cobertura especial de Región Global dedicada al análisis de iniciativas legislativas, resoluciones judiciales, políticas públicas y debates relacionados con la libertad de expresión, el derecho a la información, los derechos digitales y la regulación de los medios de comunicación en México.

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